Notifican intención de demandar al Cuerpo de Ingenieros*

MIÉRCOLES, 26 DE OCTUBRE DE 2011 11:43 SERVICIOS LEGALES DE PUERTO RICO

Foto suministrada

Cerca de una veintena de organizaciones, grupos comunitarios y residentes en zonas aledañas al proyecto del gasoducto afectados por su construcción notificaron al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) su intención de demandarlos por serias y crasas violaciones a leyes federales.

“Ante la amenaza de daño irreparable a numerosas especies en peligro notificamos nuestra intención de incoar una demanda ciudadana”, lee el documento enviado al coronel Alfred A. Pantano, Comandante del Distrito de Jacksonville del USACE.

Los demandantes denuncian que al otorgar el permiso para la construcción del gasoducto, el Cuerpo de Ingenieros incumple sus obligaciones bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA, por sus siglas en inglés). La notificación activa el término de 60 días que la ley otorga al Cuerpo de Ingenieros para responder y atender los señalamientos mencionados en la carta de intención.

Según se indica en la carta “a pesar de que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (FWS, por sus siglas en inglés) determinó que en la zona del proyecto existen sobre 40 especies, sólo se llevó a cabo el procedimiento de consulta formal para tres (3) especies; la boa puertorriqueña, el guaraguao y el halcón de sierra.  Para el resto de las especies de flora y fauna a lo largo de las 92 millas del proyecto el Cuerpo de Ingenieros determinó que “no afecta” o “no habría afecto adverso”

Los demandantes detallan en el documento las violaciones a la ley federal de Especies en Peligro de Extinción y sus reglamentos, que incluyen: falta de análisis y consideración a medidas de mitigación para 38 especies de animales y plantas, uso de estudios inadecuados en la preparación de la evaluación biológica (Biological Assesment), cambios continuos en la ruta sin realizar estudios (surveys) sobre el efecto en las especies, falta de consideración a todos los impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto sobre todas las especies amenazadas, no hacer consultas formales con los Servicio de Pesca y Vida Silvestre y de Pesquerías, según requiere la ley para 38 de las 40 especies amenazadas, incumplimiento del deber de velar por la existencia de especies en peligro y bajo amenaza de extinción, entre otras serias violaciones.

Explica la carta que la ESA requiere que USACE consulte con el FWS y con el Servicio de Pesquerías sobre los potenciales efectos de acciones de la agencia federal en especies amenazadas o en peligro de extinción y su hábitat.  El proceso de consulta incluye: (1) solicitud de información inicial, en la que la agencia proponente o que permita una acción solicite, por iniciativa propia, información sobre las especies; (2) evaluación biológica, para identificar las especies que podrían afectarse de la acción no sólo en la zona inmediata a la acción; (3) consulta formal, que debe llevarse a cabo con la agencia experta si existe un posible efecto adverso, beneficioso, o indeterminado sobre alguna especie; y (4) opinión biológica,  en la que la agencia experta debe detallar cómo las acciones afectan las especies y su hábitat critico.

Entre las especies mencionadas como en peligro y para las cuales no se realizó una consulta formal se encuentran; el guabairo, el coquí llanero (que está en proceso de entrar a lista de especies en peligro de extinción), el sapo concho, la cotorra puertorriqueña, varias especies de tortugas, el manatí, corales y decenas de plantas y arbustos.

Además, del Cuerpo de Ingenieros, la carta critica al Servicio de Pesca y Vida Silvestre por el pobre trabajo realizado para  cumplir con su responsabilidad de velar por las especies de flora y fauna a lo largo de la ruta.

“El Cuerpo de Ingenieros y el FWS están faltando a su deber ministerial al no ordenar como mínimo una Declaración de impacto ambiental federal que cumpla con todos las leyes que los obligan.  Un proyecto tan complejo como este no puede ser despachado mediante un proceso fast-track” señaló Gustavo Casalduc, portavoz del Comité utuadeño contra el gasoducto, uno de los demandantes.

El grupo de demandantes incluye prestigiosas organizaciones como el Sierra Club, el Center for Biological Diversity,  Ciudadanos del Karso, la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, la Federación Espeleológica de Puerto Rico; Comité Utuadeño contra el Gasoducto, Vegabajeños Impulsando un Desarrollo Ambiental Sustentable, otros grupos comunitarios, ciudadanos y  vecinos afectados por el nefasto proyecto. Los demandantes exigen al Cuerpo de Ingenieros que cumpla con las leyes que lo rigen y no permita que el proyecto del gasoducto ponga en riesgo la existencia de estas especies, el balance ecológico de la isla y la vida de todos los puertorriqueños.

La carta de intención de demandar fue enviada por el equipo legal compuesto por las Clínicas de Derecho Ambiental de la Escuela de Derecho de Vermont y de la Universidad de Puerto Rico,Servicios Legales de Puerto Rico, Inc.  y el licenciado Rafael Espasas.

SLPR es una corporación privada sin fines de lucro que provee, desde 1966, representación legal gratuita a personas de escasos recursos en casos de naturaleza civil.  Como “el bufete de los pobres” atiende unos 40 mil casos anualmente a través de 17 centros de servicio alrededor de la Isla. www.servicioslegales.org

*Este artículo fue publicado originalmente por Prensa Comunitaria.

ANDA(n) en buenos pasos*

Esta organización educa a las comunidades para que se apoderen y conozcan sus derechos

 Por Laura Candelas / Especial El Nuevo Día

Son abogados, pero no quieren litigar.

Creen en el Derecho para lograr el cambio social, para visibilizar voces y caras de la gente, para trabajar por la justicia, no por las leyes.

No es que renieguen de lo aprendido en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, es que los integrantes de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA) apuestan a que educar y apoderar a las comunidades con las que trabajan logrará mejores y más duraderos resultados.

En 2005, el grupo comenzó como una organización estudiantil posiblemente impulsada por el romanticismo de la juventud. Han pasado varios años y siguen con la pasión y el arrojo aunque se han incorporado y, si bien mantienen su sede en el Recinto de Río Piedras de la UPR, ahora funcionan con alguna independencia de la institución.

Es común que, ante su primer acercamiento a las comunidades, la propuesta de los vecinos sea ir a los tribunales a buscar justicia.

Pero parte de su tarea es promover que la gente se eduque sobre su problema, estimule opinión pública a su favor y logre, fuera del tribunal, la justicia deseada.

“El abogado debe ser una herramienta al servicio de la comunidad”, explica Jessabet Vivas Capó, quien considera que hay que cambiar la relación abogado cliente y descentralizar el papel que los primeros juegan en las luchas comunitarias.

Luis Torres Asencio, director ejecutivo del grupo de 19 voluntarios, explica que ANDA enfatiza en la participación de la comunidad en todo el proceso, que no quieren limitar a la protección de los recursos naturales sino ampliarlo para que cubra los derechos humanos de las comunidades que sirven.

La meta a largo plazo es que la gente se involucre en los problemas del País, no solo en los de su entorno, y que participen en la elaboración de la política ambiental a nivel nacional.

Para esto, hacen publicaciones, realizan jornadas ambientales en las que participan expertos sobre temas que estén vigentes en la opinión pública y ofrecen talleres prácticos con la comunidad y representantes del Gobierno.

Con su trabajo durante los últimos seis años, han influido en la comunidad de Villas del Sol, el Corredor Ecológico del Noreste, el acceso a las playas y la aprobación de la ley uniforme de permisos, en la que lograron incluir cambios beneficiosos para las comunidades.

Todos son jóvenes talentosos, fajones, llenos de entusiasmo y energía que muy bien podrían traducir en jugosos sueldos en algún bufete de prestigio que, entre otras cosas, les ayudaría a pagar sus préstamos estudiantiles.

Pero no, como el poeta, echaron su suerte con los pobres de la Tierra y trabajan sin prisa, pero sin pausa ayudando a las comunidades a ayudarse a sí mismas para transformar el País.

“Precisamente, porque este trabajo nos importa tanto, es más difícil que trabajar en un bufete. Estamos trabajando con los hogares, la salud de estas personas, aspectos de sus vidas que nos llevan a un mayor compromiso”, afirma Vivas Capó.

*obtenido de la página electrónica del periódico El Nuevo Día. Vea la noticia original aquí.

Fuerte crítica de científicos a la opinión biológica sobre el Gasoducto (endi.com)

Los expertos locales son autoridades reconocidas en sus respectivos campos de las aves, plantas y ecología

Por Inter News Service

Científicos puertorriqueños refutaron hoy la Opinión Biológica emitida por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS) publicada la semana pasada y señalaron los serios daños potenciales a valiosas especies de aves y plantas por la construcción y operación del gasoducto.

Manifestaron que la opinión biológica emitida versa sobre el posible daño a sólo cuatro especies e ignora otras reconocidas en peligro por esa misma agencia en la ruta del proyecto.

Los expertos locales, autoridades reconocidas en sus respectivos campos de las aves, las plantas y la ecología, incluyen a los doctores Héctor Quintero, Carlos Delannoy,  Edgardo González, Rafael Joglar, Daniel Ohinea, Duane A. Kolterman y Ariel Lugo, entre otros.

Los científicos concluyeron que los estudios que dan base a la Opinión fueron deficientes y vagos y que el USFWS contradice o ignora en repetidas ocasiones los requisitos y estándares mínimos que la propia agencia había establecido anteriormente.

Quintero, profesor de ecología y evolución en la Universidad Interamericana, señaló la contradicción de que la USFWS solicitara estudios adicionales a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y, a pesar de ello no ser acometido por la agencia y pese al desconocimiento sobre la extensión y alcance del impacto ambiental que ocasionará el proyecto, el Servicio de Vida y Pesca Silvestre estadounidense avaló la construcción.

Los científicos concluyeron que la opinión biológica del USFWS es incorrecta, inapropiada e inadecuada debido a que la evaluación del impacto que tendrá el proyecto sobre  distintas especies está basado en una metodología deficiente y carente de información biológica vital.

Por otra parte, señalaron que la investigación realizada excluye la compensación de daños y el traslado de flora y fauna a hábitats inaceptables al tiempo en que acepta premisas erróneas sobre la calidad y disponibilidad de hábitats que resultan insostenibles.

Los científicos sintetizan sus principales señalamientos en cuatro puntos: No se analizan los impactos indirectos o acumulativos; no considera impacto a especies nuevas o poco estudiadas, no se analizan las metodologías a aplicarse a las medidas de relocalización y no incluye un estudio del impacto en los humedales y cuerpos acuíferos aledaños.

El profesor Carlos Delannoy, experto en ornitología, dijo que la opinión biológica omitió información y estudios sobre los hábitats especiales de un sinnúmero de aves, como el Guabairo, la Cotorra Puertorriqueña, el Falcón (Gavilán) de Sierra y el Guaraguao de Bosque.

Añadió que de hecho, el área de las Colinas de Peñuelas, que forma parte de la ruta proyectada, ha sido reconocida como la segunda de mayor importancia en el mundo para el guabairo.

“Destruir 8 acres del mejor hábitat del Guabairo y pretender compensar el daño obligando a la AEE que compre 290 acres en terrenos privados no es lo mejor para esta especie”, señaló Ariel Lugo.

Lugo resaltó que las decisiones gubernamentales, tanto locales como federales, dejan muy claro el asedio bajo el cual continúan amenazados los terrenos públicos separados para la protección y conservación de vida silvestre.

“Pedazo a pedazo estamos perdiendo nuestro patrimonio natural. Lo que hagamos a nuestra tierra nos lo hacemos a nosotros mismos”, opinó Lugo.

Para otras especies, el riesgo es aún mayor, y según Joglar, profesor de la Universidad de Puerto Rico y fundador del Proyecto Coquí, la opinión biológica no considera el riesgo al que se exponen especies como el Coquí Llanero.

Neftalí Ríos, quien descubrió la existencia de ese coquí, señala que la opinión biológica falla en pedir estudios sobre la presencia del coquí en las áreas propuestas para el proyecto cuando ya existen estudios verificando la presencia de estos en zonas afectadas por la construcción.

El profesor Edgardo González, experto en manejo y administración de bosques, indicó que, aunque el informe federal menciona los 235 cuerpos de agua (entre ríos, humedales, y canales), allí “no se analizan o identifican condiciones para este tipo de hábitat”.

Juego de palabras en el CEN (noticel.com)

Por: Melissa Solórzano García 07/09/2011 11:30 am

Como si se tratase de un juego de palabras, funcionarios de alta jerarquía insisten en que las casi 10 mil cuerdas que comprenden la llamada “Gran Reserva del Noreste” fueron designadas como reserva natural, al mismo tiempo que reconocen que son simplemente un área de planificación especial.

¿Es una reserva natural?, preguntó NotiCel al presidente de la Junta de Planificación (JP), Ruben Flores Marzán.

“Seguro que sí”, afirmó el titular de la agencia sobre las 9,932 cuerdas que componen la Gran Reserva del Noreste y en las que residen unas 6,700 personas, ubican tres urbanizaciones, cientos de viviendas rurales y varias gasolineras.

Sin embargo, en el glosario de términos de los reglamentos de ubicación de la misma JP una reserva natural se define como “aquellas áreas designadas que por sus características físicas, ecológicas, geográficas y por el valor social de los recursos naturales existentes en ellas, ameritan su conservación, preservación o restauración a su condición natural”.

Según se desprende de los propios documentos de la JP, el gobierno sólo designó como reserva natural 4,125 cuerdas. De estas, unas 547 ya estaban protegidas desde hace más de una década, como parte de la Reserva Natural Las Cabezas de San Juan y de Seven Seas.

Grupos que persiguen la protección del Corredor Ecológico del Noreste (CEN) denunciaron que el propósito de la administración Fortuño es causar confusión con información falsa para beneficiar a los proyectistas que pretender desarrollar en la zona.

“Todo este montaje es para tratar de desenfocar la atención de que quitaron más de 450 cuerdas de terrenos del Corredor que sí habían sido designadas como Reserva Natural en el 2008 y que coinciden perfectamente con los proyectos residenciales y turísticos que llevan proponiéndose en esta zona como el San Miguel Four Seasons Resort y Dos Mares Resort que ahora se llama Tinglar Bay Resort and Spa”, sostuvo Carmen Guerrero, portavoz de la Coalición Pro CEN.

En un intento por aclarar el valor de los terrenos, Flores Marzán apuntó a que los ambientalistas “están entendiendo esto de la manera que no es” y reconoció que la Gran Reserva es tan solo “un área de planificación especial”.

“Eso va por encima de cualquier cosa. No permite centros comerciales, casas, ni campos de golf”, añadió.

No obstante, contrario a las reservas naturales, las áreas de planificación permiten consultas de ubicación a través de la JP. Esto, mediante el Plan de Usos de Terrenos.

Un estudio de US Forest Service reveló que, precisamente, esas consultas de ubicación han permitido el desparrame urbano alrededor de El Yunque porque el 85% de los proyectos que aprobó la JP en los municipios aledaños no cumplían con los usos de terrenos que se supone hubiera ahí.

“La propia Junta no ha cumplido con las leyes y reglamentos de esas áreas. Así que no podemos esperar mucho de esta Junta” argumentó la planificadora ambiental.

Guerrero además recordó tanto la Cuenca Laguna Tortuguero, como la Parguera y Piñones son áreas de planificación especial en las que se ha permitido la construcción de proyectos residenciales, industriales, comerciales y hasta la ubicación de canteras.

Por otra parte, Flores Marzán aseguró a NotiCel que hasta el momento no se han recibido solicitudes de permiso para desarrollar proyectos en los terrenos de la Gran Reserva.

Al comienzo de la administración Fortuño, el Gobernador derogó la designación de la Reserva Natural CEN que comprendía unas 3,057 cuerdas.

http://www.noticel.com/noticia/109708/juego-de-palabras-en-el-cen.html

Bajo amenaza la Isla de Culebra

Por Héctor

La isla de Culebra es, sin duda, uno de los lugares más extraordinarios de Puerto Rico. Sus hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas, paisajes espectaculares y abundante biodiversidad marina y terrestre la convierten en un verdadero paraíso. La vida de su habitantes – unas dos mil personas – está inexorablemente ligada a estos recursos naturales. Su sustento, por ejemplo, depende en gran medida de las actividades pesquera y turística.

En los pasados meses las agencias del Gobierno de Puerto Rico le dieron luz verde al desarrollo de más de 100 casas, dos paradores y otros desarrollos a ser construidos en un área aproximada de 100 cuerdas en Culebra. La construcción de este complejo residencial-turístico – denominado Villa Mi Terruño – amenaza con afectar adversamente la frágil infraestructura de la isla, así como sus valiosos arrecifes de coral, múltiples especies amenazadas y en peligro de extinción y algunos de los  más espectaculares sistemas naturales y paisajes del Caribe.

Al presente, los casos impugnando las determinaciones de las agencias del gobierno que aprobaron el proyecto (la Junta de Planificación y la Junta de Calidad Ambiental) se encuentran ante el Tribunal de Apelaciones.

Cabe mencionar brevemente por aquí que los estudios sobre la flora y fauna realizados por el proponente privado del proyecto son una burla a cualquiera que haya visitado la isla, pues éstos documentan únicamente la presencia de nueve especies vertebrados en un área aproximada de 100 cuerdas: el Pelícano Pardo (Pelecanus occidentalis), el Turpial (Icterus icterus), la Tijereta o Rabijunco (Fregata magnificens), el Lagartijo Común (Anolis cristatellus), el Lagartijo Manchado (Anolis stratulus), el Lagartijo Jardinero (Anolis pulchellus), la Siguana Común (Ameiva exsul), el Coquí Común (Eleutherodactylus coqui) y el Sapo Común (Bufo marinus). El haber documentado solamente 3 especies de aves para un área de 100 cuerdas es indicativo de por sí de que el estudio es deficiente. Cualquier persona que esté leyendo esto en Puerto Rico – sin importar cuán adentrado se encuentre en el casco urbano de cualquier ciudad – va a tener a su alrededor mucho más de 3 especies de aves y 9 especies de vertebrados en total. Lamentablemente, en Puerto Rico estos estudios ambientales se han convertido en un requisito pro forma sobre el cual las agencias del gobierno no ejercen ninguna supervisión. Detrás de esto, la industria de la llamada “consultoría ambiental” se enriquece certificando estudios que no cumplen ni con los más básicos requisitos metodológicos de las ciencias ambientales y la ecología.

A continuación les incluyo vídeos, enlaces de interés y noticias recientes sobre el proyecto.

Videos:

El siguiente video documenta el impacto que actualmente tienen las escorrentías que provienen del proyecto sobre los cuerpos de agua adyacentes:

Más vídeos y fotos sobre los impactos ambientales del proyecto aquí.

Noticias:

Denuncian amenaza ambiental en Culebra (noticel.com)

Por: Melissa Solórzano García 15/04/2011 10:37 am

Aunque el proyecto es viejo, la amenaza sobre los culebrenses es nueva. Desde el 2003 están luchando contra el mega desarrollo que amenazaría las costas de la isla municipio y que finalmente recibió los permisos que en el pasado habían sido negados.

Según denunciaron dos agrupaciones ambientales y miembros de la comunidad, el proyecto Villa Mi Terruño atenta contra la calidad de vida de los que residen en Culebra porque agravaría los problemas existentes de infraestructura en el agua y la energía eléctrica.

“Es una monstruosidad en su tamaño. Es más grande que el pueblo. El acceso es solamente un puente levadizo antiquísimo que yo no sé como va a mover la gente de un lado para otro. A nosotros se nos llevan el agua a cada rato, la luz tenemos una plantita que nos resuelve cuando se va, pero ¿cómo va a resolvernos cuando va a tener esa monstruosidad aquí? Si ese señor (en referencia al desarrollador Manuel H. Dubón) hubiese decidido hacer una casa a cada cinco cuerdas quizás la gente no se hubiese levantado pero esto es un ataque”, denunció Rosarito Morales, quien reside en Culebra desde hace 20 años.

Dubón y su compañía Culebra Resorts Associates pretenden construir el proyecto que consiste en una finca de 100 cuerdas que incluiría 110 unidades de vivienda, dos hoteles de 32 habitaciones cada uno, un campamento de 15 habitaciones, un espacio comercial de 6,000 pies y 150 espacios de estacionamiento.

Mientras los proyectistas disfrazan a Villa Mi Terruño como un complejo sostenible, el licenciado Rafael Espasas, quien representa a la organización Coralations señaló que el desarrollo utilizaría un 25% de la electricidad del municipio. Es decir, 1,350 kva de los 4,000 kva que suple la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Además, recordó que la vida útil del vertedero de Culebra, según la Autoridad de Desperdicios Sólidos, está a punto de llegar a su fin.

Espasas detalló que tanto el Departamento de Recursos Naturales y Ambiental (DRNA), la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la Junta de Planificación (JP) como la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra se opusieron en diferentes ocasiones por los problemas de infraestructura.

“Al cambiar la administración, los obstáculos de las agencias desaparecieron. El DRNA envió una carta revocando la anterior y endosó el proyecto, la JP le dio el visto bueno a la consulta de ubicación en diciembre del 2010 y la Junta de Calidad ambiental aprobó la Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F) en septiembre”.

El representante legal de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA) explicó además que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) multó al desarrollador en el pasado por problemas con las descargas que provocaron los caminos sin permisos en la finca, pues los sedimentos ponían en riesgo las zonas con colonias de corales que están en los litorales costeros donde ubica el proyecto: por el sur la playa Cascajo y el norte Bahía Ensenada.

La comunidad y las organizaciones ambientales han presentado ante el Tribunal de Apelaciones dos recursos para intentar detener el proyecto, tanto por la DIA como por la consulta de ubicación.

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Megaproyecto no cabe en Culebra (primerahora.com)

viernes, 15 de abril de 2011
Sara M. Justicia Doll / Primera Hora

En Culebra el servicio de transportación es pésimo. El agua escasea. La luz viene y va. La vida no es fácil en la isla municipio, pero el paisaje es tan bello que la presión para desarrollar es mucha.

Así que, dejando a un lado la necesidad de los culebrenses para que todas las situaciones anteriores sean atendidas, el gobierno de Luis Fortuño dio luz verde y aprobó todos los permisos al proyecto Villa Mi Terruño, que utilizaría el 25 por ciento de la energía de la isla municipio, y mucha de la poca agua que también llega en un cable submarino desde la isla de Vieques. Así lo denunciaron la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA) y la organización ambiental Coralations.

El proyecto del desarrollador Manuel Dubón proyecta la construcción de 110 unidades de vivienda, dos hoteles de 32 habitaciones cada uno, un campamento de 15 habitaciones, seis mil pies cuadrados de área comercial y 150 espacios de estacionamiento. En septiembre de 2010, la Junta de Calidad Ambiental aprobó la Declaración de Impacto Ambiental Final (DIA-F) y, en diciembre de ese año, la Junta de Planificación aprobó la consulta de ubicación.

Las organizaciones y los culebrenses en oposición al proyecto agotaron los medios administrativos y no lograron absolutamente nada.

El abogado Rafael Espasas, representante legal de Coralations, informó que hace dos semanas presentaron un recurso en el Tribunal de Apelaciones para que se revoque la aprobación de la DIA-F y la consulta.

No sólo el proyecto no es compatible con la planificación especial que rige el desarrollo en Culebra, sino que ya, antes de construido, representa daños a los corales de la playa Cascajo y Ensenada Honda, que se supone que sean protegidos por las agencias gubernamentales.

El experto Edwin Irizarry informó que ya han muerto corales o están severamente lastimados por causa de sedimentos que bajan de la montaña donde va el proyecto. La falta de control de erosión y sedimentación en los caminos que ha abierto el proyectista han tenido un impacto negativo.

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Revive la lucha ambiental en Culebra (endi.com)

Cambian su postura las agencias que otorgan permisos

Al lado, vista de los terrenos donde se planifica desarrollar el proyecto residencial Villa Mi Terruño. (Archivo)

Por Joel Ortiz Rivera /joel.ortiz@elnuevodia.com

El fino balance que se necesita para coexistir con el delicado ecosistema culebrense de especies protegidas y en peligro de extinción podría estar en juego una vez más, según alegan ambientalistas de la Isla municipio.

Resulta que un viejo proyecto bautizado como Villa Mi Terruño, se cierne como una nueva amenaza de la maltrecha calidad de vida de los habitantes de Culebra, según denunciaron ayer, en rueda de prensa, un par de grupos ambientalistas.

El megaproyecto está propuesto desde el 2003 por el desarrollador Manuel H. Dubón y Culebra Resorts Associates II en una finca de 104 cuerdas. El proyecto incluiría 110 unidades de vivienda, dos hoteles de 32 habitaciones cada uno, un campamento de 15 habitaciones más, un centro comercial de 6,000 pies cuadrados y 150 espacios de estacionamiento, todo con control de acceso.

Según denunciaron Mary Ann Lucking, de la organización CORALations, y Rafael Espasas, de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental, la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la Junta de Planificación (JP), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra (ACDEC) se opusieron al proyecto por distintas razones, principalmente porque la infraestructura de Culebra no soporta un proyecto de tal magnitud.

“Pero al cambiar la administración, los obstáculos desaparecieron”, dijo Espasas. “El DRNA envió una carta revocando la anterior y endosó el proyecto, la JP le dio el visto bueno a la consulta de ubicación en diciembre y la JCA aprobó la Declaración de Impacto Ambiental en septiembre”, añadió.

Esos dos permisos son impugnados por varios grupos ambientales a nivel del Tribunal de Apelaciones.

El proyecto tiene dos costas: bahía de Ensenada al norte y playa Cascajo al sur. La EPA multó al desarrollador por abrir 9 kilómetros de caminos y no controlar la erosión, lo que depositó sedimentos en el agua y dañó zonas de corales.

Corredor ecológico

Por su parte, Rafael Toro, representante legal de la compañía desarrolladora, dijo que el proyecto se transformó en el 2009 para designar 70 de las 104 cuerdas como un corredor ecológico a perpetuidad y para hacerlo un desarrollo sostenible que utilice energía solar, eólica y procese las aguas recogidas de los techos de las villas.

Explicó que se redujo el número de viviendas de 134 a 111 y se integró el corredor con la aprobación de agencias como el DRNA y US Fish and Wildlife.

“Este es un proyecto de buena planificación, no de mala construcción como hemos visto por décadas en Culebra”, dijo Toro.

“Aquí se ven dos tipos: los urbanos de Dewey, improvisados, y en las afueras, donde hay una casa en terrenos de 25 cuerdas, minirranchos”, añadió.

Dijo que el desarrollo será por etapas, que podría extenderse por 15 años. Añadió que los opositores no brindan información completa y utilizan el ambiente como mecanismo para ellos apoderarse de Culebra.

“Es un grupo compuesto mayormente por americanos, que quieren que Culebra sea de ellos y de más nadie”, finalizó Toro.

Reclamo ambiental

Acapararía más del 30% de la capacidad actual de la AEE.

Utilizaría el agua de la AAA y descargaría aguas usadas a su sistema sanitario.

Llevaría más basura al vertedero.

Hay costas con colonias de corales que ya han sufrido daños por los sedimentos arrastrados por las escorrentías. La EPA los multó.

Impacto a especies en peligro de extinción.

La Calandria de Puerto Rico

Por Héctor

Puerto Rico alberga una gran cantidad de aves únicas. Son 17 nuestras especies endémicas de pájaros: el San Pedrito (Todus mexicanus), el Pájaro Bobo Mayor (Coccyzus vieilloti), el Mucarito (Megascops nudipes), la Mariquita (Agelaius xanthomus), la Llorosa (Nesospingus speculiferus), el Comeñame (Loxigilla portoricensis), la Reina Mora (Spindalis portoricensis),  el Carpintero de Puerto Rico (Melanerpes portoricensis), el Juí (Myiarchus antillarum), el Bienteveo (Vireo latimeri), la Cotorra de Puerto Rico (Amazona vittata), el Guabairo (Caprimulgus noctitherus), la Reinita de Bosque Enano (Dendroica angelae),  la Reinita Mariposera (Dendroica adelaide), el Zumbador Verde (Anthracothorax viridis), el Zumbadorcito (Chlorostilbon maugaeus) y la Calandria (Icterus portoricensis). Además de estas especies, en Puerto Rico habitan varias sub-especies endémicas, como es el caso de la Paloma Sabanera (Columba inornata wetmorei), el Falcón de Sierra (Accipiter striatus venator), el Guaraguao de Bosque (Buteo platypterus brunnescens) y el Bobito (Contopus latirostris blancoi).

A pesar de que algunas de estas especies viven en áreas boscosas y son difíciles de ver –sin mencionar que independientemente de cuál sea su hábitat, muchas están en peligro de extinción– varias de nuestras aves endémicas también se encuentran en parques, jardines y árboles de las zonas urbanas. El Carpintero y la Reina Mora son dos especies particularmente comunes tanto en áreas urbanas como rurales. La Calandria, aunque menos común y más difícil de ver, ocurre también con regularidad alrededor de la Isla. La siguiente foto fue tomada por Alberto López (©) en Barranquitas, PR.

La Calandria es un Ictérido, un oriol de las Américas. Este grupo de aves del “Nuevo Mundo” se caracteriza por ser de tamaño mediano y color negro con amarillo o anaranjado. La Calandria, el único oriol nativo de Puerto Rico, es color negro opaco con los hombros, la rabadilla y la base de la cola color amarillo.

El canto de esta ave es un silbido agudo y complejo que emite principalmente al amanecer (escúchalo aquí). El poeta cagüeño José Gautier Benítez hace mención del canto de la Calandria en la siguiente estrofa de su poema Americana:

“Tú eres la calandria leda
que trina dulce, amorosa
y yo un ave misteriosa
quejándose en la arboleda.”

Aunque produce un trino hermoso durante las tempranas horas de la mañana, durante el día la Calandria sólo hace un sonido parecido a un “chic“.

Según la Sociedad Ornitológica de Puerto Rico (SOPI), la Calandria habita bosques secos y húmedos, incluyendo cafetales de sombra, plantaciones de cítricos, manglares, palmares y jardines urbanos. Esta especie se alimenta en el dosel y el estrato intermedio de los bosques donde vive. Aunque su dieta está compuesta principalmente de insectos (grillos, tijerillas, saltamontes, cucarachas, cigarras, escarabajos, orugas, hormigas y avispas), también se alimenta de frutas. La Calandria anida comúnmente en la Palma Real (Roystonea borinquena).

El Turpial es una ave emparentada a la Calandria que fue introducida a Puerto Rico en tiempos recientes.

En Puerto Rico existen dos especies de ictéridos además de la Calandria. Una de éstas es el Oriol de Baltimore (Icterus galbula), una especie migratoria que nos visita en invierno. La otra es el Turpial (Icterus icterus; foto a la derecha), un ave que fue introducida desde América del Sur y se ha establecido en la isla.

Para más información sobre la Calandria visita las páginas de CienciaPR y la SOPI. Para más vídeos y sonidos de la Calandria presiona aquí.

Un visitante inesperado

Por Héctor

Hace algunas semanas me enteré de que en el pueblo de Cabo Rojo fue avistada una Avoceta Americana (Recurvirostra americana).  Aunque desapercibida para la mayoría de las personas, en el mundo de los observadores de aves o bird-watchers esta noticia ha sido de suma importancia.  Y es que no se trata de cualquier visitante, ésta es una ocasión única. Ayer tuve la oportunidad –junto a Alberto López y Vanessa Ortíz– de de ir hasta el del Refugio de vida silvestre de Cabo Rojo, por el sector de Combate, para observar esta magnífica ave.

Avoceta Americana -- Foto por Alberto López ©

Según me contaron, esta especie ha sido observada en Puerto Rico menos de 5 veces en los últimos 30 años. Este tipo de avistamiento se conoce como “accidental”, ya que nuestra isla está fuera de la ruta migratoria regular de esta ave. Es por eso que es tan especial su visita.

Habiendo viajado por más de dos horas para ver y fotografiar la Avoceta y cumplido esa meta, aprovechamos el viaje y dimos una vuelta por la Laguna Cartagena. Allí observamos varias especies como el Pato Dominico, Pato Zarcel, Sora, Gallareta, Gallareta Azul, Ibis Lustroso, Reinita Pica Tierra, Reinita Palmera, entre otras.

Ibis Lustroso (Plegadis falcinellus) -- Foto por Alberto López ©

Las Salinas de Cabo Rojo y la Laguna Cartagena ofrecen lugares únicos en Puerto Rico para observar aves. Estos espectaculares ecosistemas no sólo albergan muchísimas especies a través del año, sino que se convierten en un refugio invernal año tras año para decenas de especies migratorias, algunas tan extraordinarias e inesperadas como la Avoceta.

El Gasoducto del Norte

Por Héctor

Puerto Rico es una isla con un extraordinario valor ecológico y abundante riqueza de recursos naturales. Las especies de plantas y animales que habitan nuestros ecosistemas son parte de esa riqueza. El gasoducto del norte, también llamado Vía Verde, representa un claro atentado contra la biodiversidad de Puerto Rico, que recibirá un duro golpe si se aprueba el proyecto.  Su construcción representa la destrucción, degradación y fragmentación de un sinnúmero de ecosistemas que albergan cientos de especies de árboles, aves, anfibios, reptiles, peces, mamíferos e invertebrados. Entre los ecosistemas a ser impactados se encuentran bosques, humedales, ríos y playas. Estas riquezas naturales llevan a cabo funciones vitales para la salud y bienestar de los seres humanos, además de proveer espacios para recreación y esparcimiento.

Mi posición con relación a este proyecto es que sería nefasto para el país hacia el futuro.  Su construcción representará la pérdida irreversible de nuestros recursos naturales y será un peligro para la vida y seguridad de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, todo esto por un supuesto ahorro en la factura que no es seguro del todo. Para mí, el proyecto no se justifica y debe ser repudiado a toda costa.

Aquí incluyo la ponencia que ofrecí en las vistas públicas el día 16 de octubre de 2010 en Barceloneta, sobre los impactos del gasoducto del norte en la flora y fauna.

El Karso: agua y vida

Por Héctor

Foto por Alberto López ©

Por el valor que representa la zona kársica para los y las habitantes de Puerto Rico y la urgencia de protegerla, la Legislatura aprobó en el 1999 la Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica.  Entre otras cosas, esta ley reconoció la importancia del Karso para el abastecimiento de nuestros acuíferos y la producción natural de agua fresca en la Isla. También lo identificó como un ecosistema rico en biodiversidad y como último resguardo de muchas especies únicas que habitan nuestros bosques. La ley fue más que una declaración. Además de resaltar su valor, proveyó mecanismos específicos para lograr la conservación y el aprovechamiento sostenible de la zona. Es evidente que los legisladores reconocieron en ese momento la importancia de la zona kársica para la vida y bienestar de los y las puertorriqueños y puertorriqueñas.  Hoy, ante la amenaza de enmendar esa ley, el reclamo para la conservación del Karso ha aflorado como requisito para asegurar nuestro futuro.  Sin embargo, la historia atestigua que el futuro no se forja solo.

Foto por Alberto López ©

Para lograr sus objetivos, la ley ordenó al Departamento de Recursos Naturales (DRNA) que desarrollara un estudio que identificara áreas a ser protegidas. Específicamente, la ley mandó al DRNA a que identificara áreas que bajo ningún concepto pudieran ser utilizadas para la extracción de materiales de la corteza terrestre con propósitos comerciales, ni para explotaciones comerciales.  La ley no pretendía evitar toda práctica comercial en el área, sino que se le confiriera mayor protección a la misma y se evitaran actividades con el potencial de degradarla irreversiblemente. Tan es así que la propia ley proveyó para que el DRNA ofreciera alternativas, de forma que esa mismas actividades pudieran desarrollarse en otras áreas de la zona.  También identificó formas de explotación que debían ser custodiadas con mayor rigor por parte del Estado, esto para evitar su deterioro a largo plazo.  La Ley del Karso, en fin, nunca pretendió detener el desarrollo comercial de la zona, y mucho menos negarle a los habitantes de la región la oportunidad de tener una vida próspera, sino todo lo contrario.

El 30 de septiembre de 2008, es decir, 9 años después de aprobada la ley que lo ordenó, se terminó el estudio.  Hacerlo no tardó 9 años, y el lapso que aconteció entre ambos eventos seguramente obedeció a razones que no nos son ajenas: a alguien no le convenía.  ¿A quién afectaría negativamente el estudio del Karso?  Con toda certeza se trataba de alguien que deseaba explotar la zona sin límite alguno.  ¿Dueños de canteras? Posiblemente.  Con toda seguridad querían derivar del Karso todo beneficio posible para sí.  ¿Y el resto del pueblo?  Para ellos y ellas, para nosotros y nosotras, nada.  Nada.  Así las cosas, se estancó el proceso.  Pero aun con oposición, contra viento y marea e interviniendo los tribunales por solicitud de grupos comunitarios y ambientales, específicamente Ciudadanos del Karso,  el estudio se realizó.  Ya tenemos el estudio del karso, una garantía de sustentabilidad.

Áreas del Karso con prioridad de conservación (Estudio del Karso, 2008)

Sin embargo, la historia no parece terminar. Así como a alguien no le convenía su realización, a alguien no le conviene ahora su implementación.  La Legislatura de Puerto Rico tiene ante su consideración un proyecto de ley que enmendaría la Ley del Karso, cuyos principales propulsores son los representantes Eric Correa y Waldemar Quiles.  Entre otras cosas, las enmiendas propuestas atrasarían la implementación del estudio y le darían discreción al Secretario del DRNA para verificarlo y enmendarlo a su antojo. Pero, ¿por qué poner más obstáculos para proteger esta zona de tan extraordinario valor? ¿Cómo es posible que casi 10 años de esfuerzos de diversos sectores se dejen al arbitrio de un funcionario del Gobierno? ¿A quién no le conviene el estudio del Karso?  No sabemos con certeza.  Lo que sí sabemos, aquello que es indudable, innegable, indiscutible, son los beneficios que el Karso provee, beneficios que son generales, beneficios para todos y todas los puertorriqueños y puertorriqueñas, los y las de hoy, los y las de mañana y hacia el futuro.

Repasaré, arriesgándome a repetirme, lo que el Karso nos da: de los acuíferos que se recargan de este sistema se extraen millones de galones de agua diariamente para diversos usos; éste provee la principal fuente de agua para gran parte de la industria farmacéutica de la zona norte y muchas vaquerías del país; es importantísimo para nuestra biodiversidad: contiene el mayor número de especies de árboles por unidad de área en Puerto Rico, alberga una de las mayores y diversas poblaciones de aves en la isla, es el hogar de un sinnúmero de especies en peligro de extinción, muchas de las cuales no existen en ninguna otra parte del mundo, y en sus cuevas viven las poblaciones más abundantes de murciélagos de la isla; contiene el sistema más largo y complejo de cuevas y paisajes subterráneos de Puerto Rico, entre los que se destaca el Río Encantado; y sus bosques húmedos poseen uno de los paisajes más espectaculares del Caribe, entre muchas otras cosas. ¿No vale la pena proteger todo esto? ¿No merecemos, como puertorriqueños y puertorriqueñas, el beneficio y disfrute de las riquezas que el Karso provee? ¿Por qué relegar su protección al arbitrio de unos pocos, como si nuestra supervivencia estuviera desligada de éste?  ¿Por qué desprotegerlo para beneficiar a dos o tres?

Dejar sin efecto el estudio del Karso imposibilitaría su conservación a largo plazo y lo sujetaría, como tantas otras cosas en este país, a la politiquería y al chantaje.  Me gusta pensar que merecemos más, que habrá Karso para el futuro.  Pero, otra vez, el futuro no se forja solo.  Allá en sus mogotes, cantarán sus aves, y el murmullo del agua hará eco en sus colinas, ajenos al atentado que se orquesta en el Capitolio.  A poca distancia, sobre la caliza desnuda, en las canteras retumbará el ladrido de las máquinas. ¿Cómo evitar su destrucción? ¿Cómo ayudar a conservarlo? ¿Cómo asegurárselo a ésta y las póximas generaciones? Tenemos en nuestras manos el futuro del Karso, la preservación de la vida que cobija y la protección de sus aguas. Es nuestra responsabilidad como país. Afrontémosla.

Para más información de cómo puedes ayudar a proteger el Karso visita la página de Ciudadanos del Karso y únete a su grupo de Facebook aquí.

En peligro la zona del Karso en Puerto Rico

La región del karso es reconocida por su extraordinario valor natural y sus servicios ecológicos. Sus acuíferos suplen cerca de una cuarta parte de las necesidades domésticas de agua potable en toda la Isla. Karso es agua y vida. Protégelo!

La región del karso quedará desprotegida y vulnerable si se aprueban las propuestas enmiendas a la Ley 292 del 21 de agosto de 1999, conocida como la “Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Kársica de Puerto Rico” o “Ley del Karso”.

Según Abel Vale, Presidente del la Organización Ciudadanos del Karso (CDK), tanto el gobernador Luis Fortuño como los secretarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rubén Hernández Gregorat y Daniel Galán Kercadó, han estado presionando a legisladores para debilitar la Ley del Karso con la aprobación del Proyecto de la Cámara 2566.

De acuerdo con declaraciones públicas hechas por el Gobernador Luis Fortuño y los directivos del DRNA y la JP, las enmiendas propuestas bajo el Proyecto de la Cámara de Representantes 2566 pretenden facilitar la extensión del Expreso PR-22 entre Hatillo y Aguadilla, así como la construcción de un gasoducto entre el sur y norte de la Isla. Estas enmiendas permitirían este tipo de proyecto en todos los terrenos del karso identificados por el DRNA con prioridad de conservación, y que comprenden cerca de un 35% del total del karso en el norte, sur y bolsillos aislados en el interior de la Isla, incluyendo reservas naturales y bosques estatales.

A continuación compartimos con ustedes algunos comunicados y noticias que abundan sobre la polémica.

 

 

Piden Acción Judicial Urgente por Enmiedas Propuestas a Ley del Karso

Secretario de Recursos Naturales y Presidente de la Junta de Planificación desafían órdenes judiciales

Domingo, 11 de julio de 2010

 San Juan – La organización Ciudadanos del Karso (CDK) solicitó una vista judicial urgente al Tribunal de Primera Instancia de San Juan para confrontar al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Daniel Galán Kercadó y al Presidente de la Junta de Planificación (JP), Héctor Morales Vargas, por estar cabildeando intensamente para enmendar la Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico de 1999 (Ley del Karso), en abierto desafío a varias sentencias judiciales que obligaban a ambos funcionarios a implantar la política pública vigente a favor de la conservación de esta importante área.

“Es necesario que el Tribunal actúe y celebre de inmediato la vista judicial que hemos solicitado, no solo por los graves impactos a la calidad de vida de miles de personas que tendría la aprobación de las enmiendas, sino porque también se ha puesto en seria duda la validez y autoridad de nuestro sistema judicial.  Tanto el Presidente de la JP y el Secretario del Departamento han estado actuando para debilitar la Ley del Karso en menosprecio de las órdenes dictadas por el tribunal, y lo que es peor, el propio Gobernador ha estado presionando a los legisladores a aprobar dicha medida,” señaló Abel Vale Nieves, Presidente de CDK.

Desde el año 2002, CDK lleva un pleito contra la JP, el DRNA y la Administración de Reglamentos y Permisos para que estas agencias cumplan con la Ley del Karso.  Entre los deberes que deben cumplir están la preparación de un estudio por parte del DRNA para identificar y delimitar aquellas áreas del karso que por su valor hidrológico, geológico y ecológico, deben ser conservadas, y en donde en consecuencia, no se permitiría la ubicación de canteras y proyectos urbanos nuevos tales como urbanizaciones y carreteras, entre otros, incluyendo el movimiento de terreno asociado a estas actividades. 

Cantera en el municipio de Juana Díaz

La JP, a su vez, tiene el deber de adoptar las recomendaciones del Estudio del Karso, particularmente aquellas relacionadas a decisiones sobre el uso del terreno para garantizar que las áreas identificadas por el DRNA sean protegidas.  A pesar de que el Estudio del Karso tenía que estar listo para agosto de 2001, según ordena la Ley del Karso, el mismo no se completó hasta septiembre de 2008, tras años de litigio por parte de CDK a esos efectos.  Cabe destacar que durante los pasados años, numerosas comunidades en el karso se han visto afectadas por caídas de rocas, deslizamientos de terrenos, colapsos de sumideros e inundaciones por el relleno de estos últimos, ya que esta región, por su inestabilidad geológica y pendientes pronunciadas, es en muchos lugares inapropiada para la construcción.

De acuerdo a declaraciones públicas hechas por el Gobernador Luis Fortuño y los directivos del DRNA y la JP, las enmiendas propuestas bajo el Proyecto de la Cámara de Representantes 2566 pretenden facilitar la extensión del Expreso PR-22 entre Hatillo y Aguadilla, así como la construcción de un gasoducto entre el sur y norte de la Isla.  La propuesta extensión de la PR-22, según información de la Autoridad de Carreteras y Transportación, afectaría por lo menos 25 vaquerías y el relleno de 50 sumideros en la región noroeste, entre otros impactos, mientras que sobre el gasoducto, el Gobierno no ha revelado su alineación o alguna otra información específica al respecto.  Al día de hoy, ninguno de estos proyectos ha sido evaluado o aprobado por una sola de las agencias reguladoras concernientes, por lo que su viabilidad, beneficio y legalidad se desconoce. 

Estudio del Carso relizado por el DRNA

Las enmiendas propuestas a la Ley del Karso, sin embargo, permitirían este tipo de proyecto en todos los terrenos del karso identificados por el DRNA con prioridad de conservación, y que comprenden cerca de un 35% del total del karso en el norte, sur y bolsillos aislados en el interior de la Isla, incluyendo reservas naturales y bosques estatales. 

La región del karso ha sido reconocida por agencias federales y estatales por su extraordinario valor natural y servicios ecológicos.  Sus acuíferos suplen cerca de una cuarta parte de las necesidades domésticas de agua potable en toda la Isla, y de la cual dependen los más de 120,000 empleos que generan la industria farmacéutica y lechera ubicadas en esta zona. 

                      

En cuanto a su valor ecológico, el karso tiene el mayor número de especies de árboles por unidad de área en todo Puerto Rico, siendo a su vez el hogar de sobre 220 especies de aves, de las cuales 110 son migratorias.  Alberga además 35 especies designadas como vulnerables o en peligro de extinción (10 aves, 1 reptil, 2 anfibios y 22 plantas), incluyendo algunas únicas de Puerto Rico.  Actualmente es el hogar de la mayor población de la cotorra puertorriqueña en estado silvestre, así como el único lugar en el mundo donde habitan otras especies en peligro de extinción como el coquí llanero, la mariposa arlequín y el sapo concho, entre otras.  Su potencial para el ecoturismo y el turismo de naturaleza, por lo tanto, es extraordinario.

Contactos:

Abel Vale Nieves, Presidente: (787) 384-4406

Pedro Saadé Llorens, Asesor legal: (787) 397-9993

Luis Jorge Rivera Herrera, Asesor científico: (787) 460-8315

Ciudadanos del Karso: http://www.cdk-pr.org/ 

 

 

 

Karso

Por Mayra Montero

Zona Kárstica

¿Cuál es la prisa por desvencijar la zona del Karso? El proyecto que se está impulsando, Proyecto de la Cámara 2566, presentado por el sensato e inefable Waldemar Quiles, es un gatuperio vergonzoso, que destila hipocresía y en el que abundan los errores ortográficos y de sintaxis.

En dicha pieza legislativa se proponen una serie de enmiendas, dando a entender que la ley original, que data del 99, no protege como es debido al Karso y que ellos con el Proyecto nuevo sí lo protegerán. ¿Alguien sinceramente puede dar crédito a esa vulgar mentira?

 Cuando el proyecto ordena “añadir nuevas definiciones” o “aclarar las facultades del Secretario del Departamento de Recursos Naturales”, o, lo más peligroso de todo, “enmendar las disposiciones sobre la otorgación de permisos simples en la zona del carso”, a la gente con dos dedos de frente tiene que recorrerla un escalofrío.

Permisos simples, como todos sabemos, pueden llegar a ser, por ejemplo, unos maratónicos proyectos con campo de golf, 200 habitaciones de hotel y 100 unidades del tipo “timeshare”. Todo esto encima de una caverna prodigiosa o de un cuerpo de agua subterráneo y puro, de los poquitos que nos quedan.

Construcción en el litoral costero de Isabela

Ya se sabe que hay negociantes que solicitan, y obtienen, uno de esos permisos simples, y luego talan y pavimentan bosques; drenan o rellenan humedales y sobreexplotan los acuíferos. ¿Quién los detiene cuando están metidos de lleno en su vorágine especuladora? Meten las puercas y a dios que reparta suerte.

Pero vamos a olvidarnos, por un momento, del valor inmenso de la zona del Karso: supongamos que enmiendan, aclaran y atemperan, todas esas palabrejas que utilizan en el mencionado proyecto para disfrazar la devastación más descarada. Y supongamos también que lo permiten todo: extensos desarrollos con “un enorme potencial recreativo y turístico”. Toda esa cursilería para encubrir un plan que poco a poco acabará con uno de los enclaves más necesarios del País y contaminará las aguas.

Yo pregunto una cosa: ¿no se supone que en Puerto Rico hay cientos de proyectos vacíos, que no han podido venderse, algunos paralizados en plena construcción, para que encima el Gobierno siga dándoles luz verde a otros proyectos en mitad del Karso? ¿No se supone que existe un inventario como de 20,000 viviendas que son caras, para las que los bancos no están prestando mucho ni poco? ¿Qué pasa, que los bancos prestarán entonces para los proyectos “simples” en la zona del Karso?

Eso se llama mala planificación. Los mismos constructores de hogares a los que el Gobierno pretende favorecer serán las principales víctimas de la construcción desordenada, avariciosa e irresponsable.

Construcción de urbanización en zona cárstica del norte de Puerto Rico

Bajo el proyecto de la Cámara, que no está aprobado aún, pero apuesten cualquier cosa a que se aprobará en cualquier momento, el Secretario de Recursos Naturales, que se supone que defienda con uñas y dientes el Karso y lo que no es el Karso, adquirirá todos los poderes del mundo para “evaluar y autorizar” lo que se le ponga al frente: carreteras y caminos; construcción de infraestructura para “el disfrute de áreas escénicas”; deforestación selectiva o total; creación de proyectos de ecoturismo. En principio todo estaría prohibido, por ejemplo, la remoción, caza o captura de la fauna silvestre, pero a todo ponen la coletilla: “sin la debida autorización del Secretario”. O sea, que si el Secretario autoriza, estamos fritos. ¿No hubiera sido mejor poner que queda prohibido expresamente y nadie lo puede autorizar?

No. Claro que no. Porque por el agujero negro de la autorización del Secretario se cuela todo. Si él lo autoriza, son otros veinte pesos y ya nadie comete una infracción. Y no sólo eso. Uno de los incisos más delirantes del proyecto es aquel que establece que se mandará a hacer un estudio en el que tomarán parte no sé cuántas divisiones, negociados y agencias. Pero a continuación se indica que el Secretario “tendrá discreción para verificar el estudio y enmendar el mismo, cuando el Departamento corrobore que un área ha sido incluida o excluida erróneamente”. Pues que no hagan el estudio, ¿para qué gastar en tanto papeleo si luego harán lo que les dé la gana? Pueden apostar, una vez más, que el Secretario nunca dirá que un área determinada ha sido excluida y debe incluirse para protegerla. Será al revés, cuando le pongan el estudio delante empezará a ponerle peros a las que se incluyeron y dejará zonas extensas al garete.

¿Se puede proteger así, a voluntad de un solo funcionario, que en realidad es la voluntad de un grupito de especuladores con colmillos babeantes, un área vital, llena de acantilados, ríos, manantiales, cascadas, vegetación maravillosa y fauna propia?

Por supuesto que no. Será un desastre. Porque Planificación también meterá sus sospechosas garras. Todos con la boca hecha agua a la vista de tantos mogotes de un exquisito tono chocolate.

 Fuente: El Nuevo Día

 http://www.elnuevodia.com/blog-karso-738274.html